NNA privados de libertad: Apostando por la educación

Benoit Van Keirsbilck

Benoit Van Keirsbilck

Director de DNI-Bélgica y miembro del Comité de los Derechos del Niño (CDN)

El Estudio Mundial de la ONU sobre Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) Privados de Libertad fue presentado hace dos años a las Naciones Unidas y está claro que hasta ahora no ha habido un entusiasmo real por parte de los Estados para asegurar el seguimiento del Estudio, al mismo tiempo que el período de la pandemia ha exacerbado los problemas y violaciones de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes detenidos en general, y de los privados de libertad en el marco de la administración de justicia, en particular. El Estudio Mundial pintó un panorama dramático, pero uno que obviamente no sorprendió a la mayoría de los observadores informados. La privación de libertad suele ser una medida de primer recurso, decidida casi automáticamente, durante un período excesivamente largo, a menudo por delitos menores o hechos que nunca deben conducir a una intervención pública de carácter criminal sino a una mayor participación de los servicios de protección infantil. Los niños, niñas y adolescentes afectados pertenecen principalmente a minorías étnicas o a los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Se ven afectados mucho más que la media por problemas de salud mental, física o psicológica, y no se han beneficiado de un entorno propicio para desarrollarse y poder ejercitar sus derechos fundamentales. 

 

Las condiciones de detención son, por lo general, extremadamente negativas (hacinamiento, violencia -incluida la violencia sexual, malos tratos o incluso tortura, aislamiento, privaciones, mezcla con adultos, mezcla de niñas y niños, falta de contacto con la familia, falta de educación, acceso a salud, necesidades básicas, etc.) hasta el punto que la mayoría de los/as jóvenes salen más dañados/as que cuando entraron. En resumen, la gran mayoría no debería estar entre rejas y los Estados deberían darse cuenta de que lo mejor para todas las personas es cambiar completamente el paradigma. El problema es que quienes intentan impulsar el cambio se enfrentan a una faraónica tarea que puede desanimar incluso a los/as más valientes. La pregunta permanece; por dónde empezar cuando todo es prioritario: mejorar los sistemas de protección, fortalecer los niveles de vida, garantizar un mejor acceso a una educación de calidad, apoyar a los padres en su tarea educativa, promover una sociedad menos desigual, combatir la corrupción. Y si miramos más específicamente al sistema de justicia, es necesario que se dé prioridad a las medidas extrajudiciales y a las medidas educativas no privativas de la libertad. Esto debe ir acompañado de la formación de profesionales en todos los niveles, comenzando por la policía, fiscales, jueces y trabajadores sociales y educativos. 

 

El sistema también debe garantizar el goce efectivo de los derechos en todas las etapas, durante el procedimiento y en el marco de la implementación de las medidas. Sin duda, un apoyo legal y social de calidad debe ser brindado por abogados y actores sociales también especializados. El sistema debe asegurar una evaluación individual y un programa adaptado a la situación y necesidades de cada niño, niña o adolescente. Por último, deben existir recursos especializados e independientes, mecanismos de denuncia y sistemas de seguimiento. Estos cambios no se producirán sin voluntad política, sin la determinación de todos los actores involucrados y sin un cambio fundamental de mentalidad. Mientras el niño, niña o adolescente que violó la ley sea considerado un paria que merece el peor trato, pocas cosas cambiarán ya que las prácticas descritas anteriormente continúan estando justificadas. Tengan la seguridad de que, por difícil que parezca la tarea, no es imposible. Muchos Estados se han comprometido de manera efectiva en un proceso de cambio, basado en un plan de acción bien pensado que incluye objetivos e indicadores, con el apoyo técnico de los organismos de las Naciones Unidas, la participación del mundo académico para el seguimiento y la evaluación, y con el apoyo de la sociedad civil. Estos ejemplos existen, se han documentado y se pueden utilizar como ejemplos para desarrollar una hoja de ruta. También se pueden movilizar muchos expertos y guías prácticas. 

 

Es importante no olvidar a un actor que debe jugar un papel importante en la iniciación y orientación de los cambios: los niños, niñas y adolescentes y, en particular, aquellos que han tenido experiencia en la justicia infantil y la detención. Están en la mejor posición, siempre que las condiciones de su participación sean respetuosas, para hablar de su experiencia. Si nos tomamos el tiempo de escucharlos, probablemente comenzarán contándonos sobre los agravios que experimentaron, los momentos en que fueron humillados, desacreditados; nos contarán sus experiencias de injusticia, de la angustia de estar en la cárcel o en una celda abarrotada e insalubre. Nos explicarán hasta qué punto han sido aplastados por la maquinaria policial, judicial y penitenciaria. Algunos admitirán que lamentaron la separación de su familia y de quienes los rodean. Muchos señalarán la incomprensión del vocabulario, los procedimientos y el papel de los actores. Pero también nos contarán sobre las personas que los escucharon, que los tomaron en serio y les dieron una oportunidad; de quienes han sabido darles perspectivas y considerarlos como seres humanos únicos que pueden aportar algo a la sociedad. Recordarán los momentos en que se sintieron mayores, respetados, en los que querían progresar y sintieron que era posible. 

 

Debemos ser capaces de movilizar estas palabras en beneficio de las generaciones futuras, para que no soporten lo que han sufrido las generaciones pasadas. En definitiva, lo que pide el Estudio Mundial es apostar por la educación más que por la represión. No se educa a un niño, niña o adolescente tras las rejas. Consigamos que todas las personas estén plenamente convencidas de esto. 

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