Niños, niñas y adolescentes privados de libertad: dos años después de la presentación del Estudio Mundial a la AGNU

Alex Kamarotos

Alex Kamarotos

Executive Director DCI International Secretariat

Privar a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de su libertad es privarles de su infancia… Uno de los mensajes más importantes de la publicación del Estudio Mundial sobre Niñez Privada de Libertad (GSCDL, por sus siglas en inglés) de 2019. Los niños, niñas y adolescentes privados de libertad son en gran medida un grupo invisible y desde que se lanzó la campaña para el Estudio Mundial en 2014, el Estudio enfrentó importantes desafíos: desde la recopilación de datos por parte de los estados miembros hasta su publicación en 2019. Este es el tercer Estudio Global de este tipo, después del informe de Graça Machel de 1996 sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños, niñas y adolescentes, y el Estudio de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños publicado en 2006 bajo la dirección de Paulo Sérgio Pinheiro. Muchos expertos y ONG han identificado esta falta de información relativa a la detención de NNA y a la privación de la libertad más general. En 1986 DNI publicó “Niñez en prisiones de adultos”. Esta publicación incluyó información recopilada por 28 países mediante cuestionarios diseñados y distribuidos por DNI. Se centró en los niños, niñas y adolescentes detenidos junto con adultos; sin embargo, tres años antes de la adopción de la Convención, este estudio ya pone en la agenda internacional algunas cuestiones claves tales como la edad mínima de responsabilidad penal y la incoherencia de las legislaciones nacionales; también señala el hecho de que en todos los casos examinados nunca podemos estar satisfechos cuando un niño o niña está en prisión mientras otras medidas no privativas de la libertad podrían ser consideradas en el “interés superior del Niño”. 

 

La adopción de la Convención en 1989 fue un gran paso adelante que no solo estaba vinculado específicamente al artículo 37, que establece que la privación de la libertad “se utilizará solo como medida de último recurso y por el periodo más breve posible”, sino también a los demás principios generales que introducen el enfoque holístico basado en los derechos. En 2006, Sergio Pinheiro en su Estudio Global sobre la Violencia contra Niños y Niñas trata el tema en el capítulo “Children in custody and detention” (Niños y niñas bajo custodia y detención) y comienza a plantear las dimensiones del problema a nivel mundial con ejemplos concretos de todos los continentes. Sin embargo, aún faltaban datos concretos para demostrar a los Estados miembros que se trata de una prioridad tanto en términos de gravedad como del número de niños, niñas y adolescentes afectados. 

 

En 2007, UNICEF estimó que más de un millón de NNA fueron detenidos a través de los sistemas de justicia en todo el mundo en un momento dado, aunque agregó que probablemente esta sea una cifra bastante inferior a la real dadas las dificultades para obtener datos sobre la numerosa cantidad de NNA detenidos no declarados. En 2014, cuando Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), junto con el Observatorio de Derechos Humanos y unas cuarenta ONG lanzaron la campaña para el Estudio Mundial sobre Niñez Privada de Libertad, fueron muy pocas las organizaciones y los expertos que creyeron que se tratase de algo factible. A pesar de las dificultades, cuarenta y cinco (45) grandes ONG se unieron a DNI para enviar una carta al Secretario General, Ban Ki-Moon, solicitando el Estudio Mundial. El Relator Especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, el UNCRC, y otros expertos y personalidades aunaron sus voces para apoyar la idea del Estudio Mundial. Finalmente, en diciembre de 2014 la Asamblea adoptó la resolución 69/157 solicitando al Secretario General “encargar un Estudio Mundial.” En octubre de 2019, el informe del Estudio Mundial se presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y en noviembre del mismo año el Estudio Mundial completo, que contiene más de 750 páginas, se presentó en Ginebra durante la celebración del 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el 40º de DNI.

 

Resumido en pocas líneas, todo parece natural y fácil; para todos quienes hemos acompañado al autor principal y experto independiente, el Profesor Manfred Nowak, en este complejo ejercicio, sabemos que no ha sido un recorrido tranquilo, sino más bien un camino escarpado y sinuoso lleno de obstáculos. Lo que era importante en ese momento era finalizar el Estudio para proporcionar todos los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, a fin de explicar por qué se tiene que dar prioridad a este grupo invisibilizado. Hay más de siete millones de niños, niñas y adolescentes privados de libertad de hecho o de derecho cada año, teniendo en cuenta la dimensión y el alcance de cada tipo de privación de la libertad de NNA desde la administración de la justicia, NNA que viven en prisión con sus cuidadores, NNA en instituciones, pero también en el contexto de la migración, los conflictos armados o la detención por motivos de seguridad nacional.

 

Dos años después de la finalización del Estudio, la pandemia COVID-19 ha traído elementos adicionales que exacerban las violaciones a los derechos humanos contra los niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos privados de libertad. Esto también ha ofrecido ejemplos concretos que demuestran que la hoja de ruta para acabar con la privación de la libertad existe y que las políticas estatales relacionadas son un proceso en el que todos ganan y un círculo virtual para todas las personas, principalmente el interés superior del Niño, las sociedades y los mismos estados miembros. Es por eso que volvemos este otoño de 2021 y pedimos que la Asamblea General de las Naciones Unidas confirme en su resolución bianual sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes un mandato claro a la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los NNA, Dra. Najat Maalla M’jid, a fin de coordinar los esfuerzos conjuntos de los organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil, aunando esfuerzos para la aplicación de las recomendaciones del Estudio Mundial. Además, apoyamos la presentación del informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022, tres años después de la publicación del Estudio, a fin de evaluar dónde nos encontramos y cómo acelerar el proceso de implementación, para que cada niño, niña y adolescente tenga derecho a la infancia y que ninguno quede tras las rejas.

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