Colombia: represión sin precedentes contra los manifestantes

Tras dos meses de protestas mayoritariamente pacíficas en Colombia, agentes de las fuerzas armadas siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de forma generalizada, como se detalla en este dossier. Las organizaciones de derechos humanos colombianas y miembros del Grupo NGO-LAC en Ginebra1, respaldadas por más de 300 organizaciones de todo el mundo hacen un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se lleva a cabo actualmente en Ginebra, para que condene la brutal represión hacia las y los manifestantes y pidan investigaciones independientes. La declaración conjunta es la segunda después de un llamado global a la actuación de la comunidad internacional al inicio del Consejo por parte de organizaciones de derechos humanos.

“La violencia policial no es nueva en Colombia, como se evidenció en septiembre de 2020, cuando policías torturaron y mataron a un civil indefenso y luego mataron a otros 13 en los días siguientes” dijo Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas. “Lo que no tiene precedentes es la escala de la represión y la crueldad de las actuaciones de los agentes de la fuerza pública que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y la desaparición forzada de cientos de manifestantes pacíficos» añadió Oscar Ramírez, abogado de la Campaña Defender La Libertad: un asunto de todas.

De acuerdo a la Campaña Defender La Libertad, desde el inicio de las protestas el 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, que incluyen al menos 27 víctimas a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Un número significativo de muertes atribuidas a civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado. 80 personas han sufrido lesiones oculares y otras 114 heridas de bala. Alrededor de 3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Campaña y documentan estas violaciones a los derechos humanos también han registrado golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación. Muchas de estas conductas no se están investigando y, para aquellas graves irregularidades donde sí hay investigaciones, estas están en manos de la justicia penal militar o no avanzan con la transparencia y la celeridad que las víctimas necesitan para obtener justicia.

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