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Utilizar la Convención sobre los Derechos del Niño para comprender mejor la Justicia penal juvenil en América Latina

En América Latina, el aumento de la criminalización y la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal son motivos serios de preocupación. Las políticas públicas deben concentrarse en los derechos del niño, y la función de la sociedad civil es de primaria importancia. Durante las dos últimas décadas, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (“Las Reglas de La Habana”), América Latina ha incorporado muchos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Con respecto a la Convención, todos los Estados de América Latina han participado en el mecanismo, hasta cuando fue aprobado en la Asamblea General de la ONU en 1989. Los Estados han hecho progresos en la formulación de leyes que estén en consonancia con la CDN, pero aún están lejos de haber alcanzado los objetivos con respecto a su aplicación. Lo que parece contradictorio es que, en algunos países, el poder político, que debe promulgar estas leyes, no se encuentra con los esfuerzos financieros que los gobiernos están haciendo para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Convención.

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En el campo de la justicia penal juvenil, hay tensiones en la aplicación de las normas. La solución a estos problemas sería que nuestras sociedades acogieran plenamente el sistema de justicia penal juvenil bajo consolidación democrática de la legalidad del Estado de Derecho. Esto implica que no hay concepto de Estado de derecho que no se construya sobre el ejercicio completo de los derechos incorporados en las estructuras legales respectivas de los Derechos Humanos.

El concepto de justicia penal juvenil se encuentra en la CDN, en el marco de los principios de los Derechos Humanos. El ámbito de la justicia penal juvenil se tiene que adoptar una perspectiva holística que tenga cuenta de otros principios y derechos consagrados en la CDN para considerar las cuestiones de la justicia penal juvenil. El primero de estos derechos es la no discriminación (Artículo 2, CDN), a consagrar en todas las legislaciones; el segundo es el intéres del niño (Artículo 3, CDN), a considerar en todas las decisiones, incluso las decisiones en el ámbito de la justicia penal juvenil. El tercero es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (Artículo 6, CDN). Tenemos que crear las condiciones para que los niños puedan ejercer sus derechos efectivamente.

El cuarto es el derecho a la participación (Artículo 12, CDN), a ser escuchado y a que se tenga en cuenta su opinión en los procedimientos judiciales y administrativos, públicos o privados. El Artículo 12 establece la importancia y la necesidad de verificar hasta qué punto niños, niñas y adolescentes pueden participar en el diálogo en los asuntos que les afectan, por ejemplo: en los programas de discusión y en las reformas jurídicas. El punto de vista de niños, niñas y adolescentes debe ser escuchado no sólo porque las perspectivas y las opiniones que aportan contribuyen al resultado final del objetivo que perseguimos, sino que nuestro objetivo tendrá mayor repercusión, una calidad superior y un mayor desarrollo en los resultados finales.

En términos históricos, los artículos antes mencionados y la CDN en general simbolizan el “nuevo contrato”, con dos puntos principales:
1.    Reconocer al niño como titular de derechos legales, lo que supone un cambio cultural.
2.    La necesidad del Estado de integrar los Derechos Humanos en la políticas públicas (por ejemplo, a través de inversiones públicas y dando mayor visibilidad al niño en los presupuestos del Estado)

La clave es que los niños tengan la oportunidad de ejercer sus derechos en los tribunales y en las resolucciones administrativas. Mecanismos independientes de vigilancia (organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, parlamentarios, comité, etc.) son necesarios para garantizar este principio de participación, que sea individual (Artículo 12 CRC) o colectiva (Artículo 15 CRC). Recopilación de datos de análisis también son necesarios para demostrar y seguir la evolución del fenómeno. Se requiere también la formación y la capacitación de todos los que se ocupan de los niños.

Norberto Liwski
Presidente de DNI-Argentina, y ex miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas