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Foto: DNI SI |
Hace aproximadamente veinticinco años que las “Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad” (conocidas como “Reglas de la Habana”) fueron adoptadas por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas[1]. Otros textos oficiales también han tenido como objetivo fijar límites estrictos sobre la privación de libertad de todo niño (persona con menos de dieciocho años de edad). En particular, los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recuerdan los principios fundamentales en materia: la privación de libertad es una medida excepcional, que sólo puede ser tomada como último recurso y durante el menor plazo de tiempo posible. Principios que han sido repetidos sin descanso en numerosos documentos internacionales.
Sin embargo, la situación de los niños privados de libertad en el mundo sigue siendo extremadamente preocupante. No sabemos con precisión (ni siquiera de forma aproximada) el número exacto de niños privados de libertad (desde hace veinte años se repite la cifra de “un millón”, pero en realidad no existen datos concretos). Lo que sí se sabe es que para una gran mayoría de ellos, las condiciones de detención se asemejan a un trato inhumano y degradante, que va a fijarles en su comportamiento delincuente (sin olvidar que la mayor parte de los niños privados de libertad no han cometido ningún delito o sólo han cometido delitos menores); a menudo, éstos son encerrados sin haber tenido acceso a justicia en la garantía de sus derechos fundamentales. De forma general estos jóvenes tampoco vienen asegurado su derecho a la educación y a un trato adecuado (incluyendo el acceso a la sanidad, el mantenimiento de las relaciones con sus familias, …); las medidas de reintegración son también ilusorias. Van a regresar a una sociedad sin disponer de los necesarios fundamentos para convertirse en ciudadano de pleno derecho, útil para la sociedad y con oportunidades de futuro.
Los trastornos que causa la privación de libertad son considerables y es sorprendente que los Estados no hayan estimado necesario implementar medidas no privativas de libertad desde hace tiempo, prefiriendo asumir el precio de una política contraria al interés superior del niño, pero también de la sociedad en su conjunto.
Hasta ahora, todas las acciones que han sido llevadas a cabo parecen tener efectos limitados: a pesar de que se constatan progresos puntuales, globalmente la situación sigue siendo extremadamente preocupante. Numerosos son los Estados que expresan voluntad de buscar medios alternativos para limitar la utilización de la privación de libertad con respecto a menores de edad, pero parecen ser despojados de los medios necesarios para concretizar realmente esta voluntad.
Existe claramente la necesidad de realizar un análisis sobre la situación completa y global de los niños privados de libertad, para hacer visible lo que muy a menudo la sociedad prefiere no ver, en vista de determinar qué medidas podrían hacer avanzar la situación.
Estos son los motivos por los cuales Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) ha tomado la iniciativa (particularmente ambiciosa) de lanzar una campaña para que la Asamblea General de las Naciones Unidas pida al Secretario General que comisione a una instancia independiente de realizar un Estudio Global sobre las Niñas y Niños Privados de Libertad.
DNI no ha querido llevar a cabo esta iniciativa en solitario y ha reunido en primer lugar a las principales organizaciones no gubernamentales (ONGs) para intercambiar opiniones sobre el contenido preciso de la campaña y su alcance. Con gran satisfacción, DNI ha constatado hasta qué punto un gran número de ONGs han reaccionado positivamente, considerando que dicho Estudio es urgente, indispensable y que el momento actual es particularmente adecuado para llevarlo a cabo. Las agencias de las Naciones Unidas también han expresado su apoyo y su gran interés en dicho Estudio, en la medida en que los informes se suceden y acumulan, dando fe de la falta de información fiable y completa sobre estos niños particularmente vulnerables.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha ido incluso más lejos, habiéndose unido plenamente a esta iniciativa, enviando carta oficial al Secretario General de las Naciones Unidas para formular la petición de realizar este Estudio. Además se ha comprometido oficialmente, expresando su apoyo públicamente en el lanzamiento oficial de la Campaña para este Estudio, y ha reiterado este apoyo en la Conferencia sobre los derechos del Niño organizada por el Consejo de Europa en Dubrovnik (Croacia) – ambos eventos realizados el pasado mes de marzo.
La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, confiere un apoyo constante en esta iniciativa. Ella está particularmente bien situada para constatar las necesidades de disponer de información complementaria y la necesidad de dar este salto para poder sacar a los niños de los centros de detención.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), así como la Red europea de Ombudsman para niños (ENOC), han unido su voz a la nuestra y otros se apresuran a hacer lo mismo.
Varios Estados han mostrado igualmente un gran interés e incluso su más firme apoyo; es el caso de Uruguay, Qatar, Etiopía y Austria (los cuales apoyaron el lanzamiento oficial de la Campaña que se realizó’ el mes pasado en Ginebra). Otros Estados ya se han manifestado en esa misma dirección.
Constatamos un gran entusiasmo y una voluntad determinante de avanzar en la dirección de realizar este Estudio, lo cual confirma la primera intuición de DNI: dicho estudio es indispensable y urgente para mejorar la suerte de los niños que hoy en día están privados de su libertad en el mundo, lo cual es una obligación tanto moral como jurídica de los Estados con respecto a estos niños.
Los resultados del Estudio constituirán la base para un cambio estructural y sostenible; ayudarán a los Estados a cumplir con sus obligaciones y permitirán tener una visión ajustada de la realidad de estos niños. Si no pasan de la sombra a la luz y su situación no se vuelve visible nunca serán una prioridad, ni para los Estados, ni para la sociedad. Por lo tanto, es hora de actuar.