Brasil, por su grandeza, encuentra más dificultad en controlar la criminalidad y existen asuntos en su plan interno de acción que ignoran los derechos humanos inherentes de cada persona. Los gobiernos locales criminalizan a situaciones de dificultad social mediante la fuerza política y militar, centrándose normalmente en las áreas empobrecidas en las que los niños suelen ser los más afectados. En muchos de estos barrios emarginados, son muy comunes las investigaciones y detenciones injustificadas de niños muy pequeños y mujeres embarazadas. Para prevenir los crímenes, las autoridades no respetan la dignidad de sus propios ciudadanos.
Además, la superpoblación, la escasez de personal y programas educativos, etc. han conducido a la mediación psiquiátrica como medio para paliar la alteración juvenil. Durante el año 2007, San Pablo creó la Unión Experimental de Salud para recoger a varones jóvenes que eran presuntamente antisociales o violentos. A pesar del establecimiento de oficinas para un control individual de cada caso, el mecanismo aun no es del todo efectivo.