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Prerrequisitos para comprender la justicia para los menores y la violencia en América Latina

Para actuar en el campo de la justicia para los menores y la violencia en América Latina, es necesario un conocimiento del contexto internacional, incluso de los instrumentos principales y de los conceptos clave utilizados.

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Los documentos fundamentales que todos los profesionales tienen que conocer son: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Observación general no 8 (castigos corporales), no 10 (justicia penal juvenil), no 13 (violencia), los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (tanto el informe sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en América, como el Informe relativo a la Justicia Juvenil y los Derechos Humanos en las Américas, ambos del año 2011), el Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (A/61/299), el Informe conjunto del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños (A/HRC/16/56, 2011), y el informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños para  prevenir e impedir la violencia ejercida sobre los niños en los sistemas de justicia para los menores (A/HRC/21/25, 2012).

Con estos documentos en las manos, la próxima necesidad será un profundo conocimiento de los conceptos fundamentales utilizados: justicia para los menores y violencia. Algunos pueden considerar la justicia para los menores como una serie de actos y procedimientos que una autoridad pública desarrolla cuando es consciente de la posible perpetración de actos ilícitos por un niño. Éstas se quedan activas hasta cuando las consecuencias legales del crimen sean efectivas. Por tanto, nosotros consideramos el sistema de justicia para los menores exclusivamente si hay un niño en conflicto con la ley y no solamente si hay un niño víctima o testigo de delitos: esta consideración debe tener en cuenta el interés superior del niño y proteger al niño de toda forma de violencia.

Lo mismo por el término ampliamente utilizado de “violencia”. La definición recomendada se encuentra en el Artículo 10.1 de la Convención, Observación general no 13, y en el Estudio sobre la Violencia contra los Niños de 2006. Violencia es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. Según el Informe mundial sobre violencia y salud de 2006, un significado más amplio del término incluye el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño por una persona o grupo que cause o tenga muchas probabilidades de causar daño a la salud del niño, a su supervivencia o dignidad. Violencia es un término amplio y puede incluir tanto los aspectos físicos y mentales, el descuido y el trato negligente, como la violencia de los medios de comunicación. Es más, la violencia puede ser específica (a un caso particular) o estructural, o puede ocurrir en el ámbito, y en cualquier fase, del sistema de justicia para los menores.

Recomendaciones y soluciones posibles podrían incluir: tratar al niño como titular de derechos y no como un mero objeto de justicia, dando a los niños la oportunidad de participar en el procedimiento judicial, en el completo respeto del debido proceso legal. Al mismo tiempo, el Estado debe tener en cuenta las vulnerabilidades del niño estableciendo casos precisos (especializados y concretos), creando mecanismos apropiados de reclamaciones, coordinando y colaborando en el sector de la justicia para los menores, y naturalmente, respetando el intéres superior del niño en todos los casos.

Jorge Cardona
Miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas