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Emilio García Méndez

La defensa jurídica y el problema de la legitimidad de los sistemas de administración de justicia para la infancia

 

1. Consideración preliminar. 2. Los dos problemas de la defensa jurídica. 3. El papel de la defensa jurídica en el debate actual sobre la responsabilidad penal juvenil. 4. La cuestión penal juvenil en Brasil y Argentina. 4.1.Brasil 4.2.Argentina 5. A modo de conclusión.

 

1. Consideración preliminar

Emilio García Méndez
Photo: Luis Cetraro

No abundan hoy las voces que en forma pública y frontal sostengan que los niños no deben ser considerados sujetos de derecho y por ende titulares irrenunciables a una defensa técnico- jurídico.

Por ello, es posible que algunos de los planteos que aquí se realizan en relación con la función de la defensa jurídica sean tildados de obvios. Sin embargo, tengo la impresión que las posiciones contrarias, más que al derecho de defensa en abstracto, a una defensa técnico jurídica consecuente y de calidad, suelen presentarse cada vez con mayor intensidad en forma oblicua y solapada, minimizando y relativizando su importancia en vez de negarla.

En el campo de la infancia, mientras la retórica contra sus derechos es muy débil, por el contrario, las practicas negativas y retrogradas crecen en forma consistente. Este rasgo, caracteriza a mi juicio como pocos el estado de la etapa actual de los derechos de la infancia. En este campo y sobre todo en la cultura jurídica latinoamericana, las posiciones regresivas y conservadoras suelen manifestarse con mucha fuerza a nivel jurisprudencial, mientras son prácticamente inexistentes a nivel doctrinario.

Es en este contexto, que hemos perdido progresivamente la capacidad de percibir lo obvio. En otras palabras, de entender los derechos de niños y adolescentes mas allá de la retórica[1]. Recuperar esta simple dimensión, es uno de los modestos objetivos que se propone este breve texto.

 

2. Los dos problemas de la defensa jurídica

Estoy convencido que toda reflexión seria y actual sobre el tema de los derechos de la infancia en su conjunto, y no sólo cuando se trata de los adolescentes en conflicto con la ley penal, debe incluir como tema prioritario uno de sus aspectos más sistemáticamente relegados: la cuestión de la defensa jurídica.

Desde un punto de vista histórico, sobran ejemplos que demuestran que la defensa jurídica, no solo ha sido sistemáticamente entendida como un cuerpo extraño e innecesario, sino más aun como una influencia negativa que es preciso suprimir en aras de la realización del bienestar de la Infancia.

 

[1] La clínica jurídica para menores de edad de la Fundación Sur Argentina (www.surargentina.org.ar) realiza con su práctica concreta lo que podría denominarse una crítica en acto contra las concepciones retóricas del “derecho del niño a ser oído”. En dicha clínica se sostiene que el derecho del niño a ser oído o derecho de defensa material (reconocido en el artículo 12 de la CDN) debe ser ejercido en conjunto con el derecho de defensa técnica, y que sólo así adquiere validez procesal. Al respecto, la creciente complejidad de los procesos hace imprescindible los conocimientos técnicos de un abogado para que el niño no solo sea oído sino que sus peticiones sean debidamente consideradas. El derecho de defensa material y técnica implican el reconocimiento de un debido proceso legal para los niños, niñas y los adolescentes, y en consecuencia, su calidad de parte procesal, en igualdad de condiciones con las otras partes.
Así el niño tiene derecho a ser oído, que sus peticiones sean debidamente consideradas, a  ofrecer y controlar prueba, rebatir peticiones de las otras partes, ser notificado y recurrir.
 
 
 
 
Emilio García Méndez – Diputado nacional por SI (Solidaridad e Igualdad – SI), Presidente de la Fundación Sur Argentina
 
 

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