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Norberto Liwsky

Hacia una democratización de la ley de responsabilidad penal juvenil

Norberto LiwskyEn estos días desde distintos medios de comunicación se da cuenta de declaraciones en las que se menciona nuevamente la necesidad de promover una reforma legislativa que se plantea de manera protagónica la reducción de la edad mínima penal. De acuerdo a sus profundas convicciones, una vez más, la Sección Argentina de Defensa de los Niños Internacional, reitera su firme oposición al mencionado planteo.

La ratificación por parte de nuestro país de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, hace imprescindible que la misma constituya el marco de referencia normativa sobre la cual es preciso debatir y formular propuestas de reformas legales respecto de adolescentes en conflictos con la ley penal.

La Argentina, con sus políticas de liderazgo en materia de derechos humanos a partir del año 2003, tiene uina materia pendiente en lo referido a contar con una legislación penal juvenil nacional. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado recientemente al Estado Nacional a contar con la misma, de acuerdo a las garantías de Derechos Humanos y teniendo como referencia los estándares internacionales en la materia.

En este sentido, constituye una referencia insoslayable la Observación General Nro10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que en el año 2007 aprobó y puso en conocimiento de los Estados partes, sobre “El Derecho de los Niños en el sistema de Justicia”. En el capítulo referido a la edad mínima penal se expresa claramente que la tendencia internacional debe ser a promover la elevación de la misma y particularmente se señala como la mayor contribución a aquellos países que la han elevado a los 16 años. Precisamente a ese límite se ha establecido en la República Argentina la norma respectiva, reducida en el último periodo histórico; durante la pasada dictadura militar y en el marco de terrorismo de Estado.

El debate parlamentario y social respecto de la actualización en materia de Justicia Juvenil constituye sin lugar a duda una deuda pendiente que es preciso asumirla con integralidad y bajo el enfoque de derechos.

Por otro lado, hemos presenciado como en muchas ocasiones los anuncios de esta naturaleza pueden generar innecesarias confusiones en la sociedad, cuando frente a aberrantes crímenes en los que se imputa la participación de personas menores de 18 años se lo asocia a un intento de atenuar el dolor de las víctimas y la consecuente alarma social.

En las reflexiones que sin duda darán lugar los debates legislativos en el tema debemos partir del reconocimiento de que poco pueden los mecanismos penales alcanzar por si mismos a dar las respuestas que se requieren, sin contextualizarse en estrategias de políticas públicas basadas en la inclusión social y la construcción de ciudadanía juvenil, opuesta al vínculo con la violencia que constituye una práctica asociada a su vida cotidiana.

En este tiempo, sin duda hemos establecido significativos avances en materia de reconocimiento de derechos para los adolescentes, pudiendo mencionar de modo destacado el establecimiento de la obligatoriedad de los estudios secundarios en la Ley Nacional de Educación y el derecho a votar a partir de los 16 años.

Las mismas forman parte hoy en dia de un piso de derechos que es reconcido como válido e incuestionable por el conjunto de la sociedad. Al momento de pensar en el establecimiento de un sistema penal juvenil, convocamos a un debate serio y con la profundidad necesaria para no caer en recetas facilistas y mágicas, que sin lugara dudas no aportarán a la construcción de una sociedad mas justa y equitativa.                     


Norberto Liwski, Presidente DNI – Argentina