Desafíos actuales para lograr los derechos de la infancia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Bruce Adamson

Bruce Adamson

Bruce Adamson es un abogado de derechos humanos que ha sido el Comisionado del Menor y los Jóvenes de Escocia desde 2017. Originario de Nueva Zelanda, se trasladó a Escocia en 2002, y llegó a ser presidente del consejo de administración del Scottish Child Law Centre antes de trabajar para el primer Comisionado del Menor y los Jóvenes de Escocia y para la Comisión de Derechos Humanos de Escocia. Ha trabajado como experto en derechos humanos para varios organismos internacionales y anteriormente fue representante de las Naciones Unidas para la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En la actualidad, Bruce preside la Red Europea de Defensores para la Infancia. 

Los derechos humanos no deben olvidarse en tiempos de crisis, por el contrario, son más importantes que nunca.  En julio de 2015, Escocia fue uno de los primeros países del mundo en adoptar los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible (ODS) pero la pandemia de COVID-19 provocó una emergencia sanitaria mundial y una emergencia en materia de derechos de la infancia, lo cual ha creado nuevos retos. Afortunadamente, también hemos visto a niños, niñas y adolescentes como defensores de derechos humanos y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desafiando a quienes están en el poder para que hagan un mejor trabajo. En Escocia, esto ha contribuido a garantizar un marco jurídico más sólido para los derechos. 

 

En abril de 2020, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU advirtió de los graves efectos físicos y psicológicos de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes, y hemos sido testigos de ello. El Comité pidió a los Estados que elaboren una respuesta basada en los derechos, centrándose no solo en la salud pública, sino en el amplio marco de los derechos (como los económicos, sociales y culturales). Desafortunadamente, en Escocia hay pocas pruebas de un enfoque basado en los derechos, como también sucede en otros países según informan nuestros colegas en toda Europa.  

“Ahora hay más niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza, sufren de problemas de salud mental y tienen que afrontar el duelo”

 

El camino hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 ha sido gravemente afectado. En los últimos 15 meses hemos visto que los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido vulnerados en materia de educación, salud, vida familiar, recreación y reuniones sociales. Los NNA con alguna discapacidad; los NNA de minorías étnicas; los NNA que necesitan de cuidados y los encargados de prestar cuidados; y aquellos que viven la pobreza ya se encontraban en mayor riesgo y se han visto afectados de manera desproporcionada. Todo el mundo ha sido afectado por la pandemia, pero los efectos no se han percibido de la misma manera. El compromiso presente en el ODS 10, acerca de reducir las desigualdades, adquiere ahora una importancia aún mayor. Ahora hay más niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza, sufren de problemas de salud mental y tienen que afrontar el duelo. Es evidente la falta de utilización de las herramientas necesarias para garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos. En julio, preocupados por la falta de un enfoque basado en los derechos por parte del Gobierno, elaboramos una Evaluación Independiente de la Repercusión en los Derechos de los Niños (CRIA, por sus siglas en inglés) sobre la respuesta de Escocia frente a la pandemia.  

 

El fortalecimiento de nuestra labor como institución nacional requiere de la cooperación internacional, tal como se establece en el ODS 16. Trabajamos con colegas de la Red Europea de Defensores para la Infancia (ENOC, por sus siglas en inglés) para desarrollar un nuevo marco común para la CRIA. Unicef y ENOC han puesto en marcha un proyecto conjunto para desarrollar las CRIA sobre la COVID-19 en países de Europa y Asia Central. Los niños, niñas y adolescentes nos han comunicado constantemente que no se les ha incluido en la toma de decisiones sobre la COVID-19. Sin el uso de evaluaciones de repercusión o de enfoques participativos, ¿cuánta legitimidad o eficacia pueden tener las decisiones que se tomarán?   

 

Como parte del Grupo Asesor Técnico de Expertos en Instituciones Educativas de la Organización Mundial de la Salud, hemos procurado que las medidas adoptadas para proteger la salud pública reconozcan las repercusiones que puedan tener en otros derechos. Cuando las escuelas cerraron, la exclusión digital y la provisión inconsistente del aprendizaje en línea afectaron enormemente al derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación y al compromiso del ODS 4. La ONU ha calculado que, en abril de 2020, 1.600 millones de NNA y estudiantes se quedaron sin escolarizar. En Escocia, los únicos niños, niñas y adolescentes que recibían clases en los edificios escolares eran los más vulnerables o los hijos de trabajadores esenciales. Pero, por supuesto, la escuela no se limita a las clases, sino que también trata de desarrollar el máximo potencial de los NNA. Las comunidades escolares son lugares de apoyo y seguridad. El cierre de escuelas y guarderías ha sido necesario para proteger vidas, y puede volver a serlo, pero hay que hacer más para proteger los derechos de la infancia cuando no pueden acceder al apoyo en la escuela. Las restricciones a la vida social afectaron al derecho al juego y a las relaciones con los compañeros, que sabemos son tan importantes para el desarrollo de la infancia. 

 

 

La pobreza era el mayor problema de derechos humanos en Escocia antes de la COVID-19, con uno de cada cuatro menores afectados, y la pandemia ha empeorado esa situación. Esto refleja lo que está sucediendo en el resto del mundo. Según la ONU, más de 71 millones de personas vivían en la pobreza extrema en 2020. Se ha puesto en riesgo los años de progreso de trabajo para el ODS 1 (contra la pobreza) por los acontecimientos del último año. Muchos niños, niñas y adolescentes que viven con inseguridad alimentaria dependen de las comidas escolares, muchos viven en viviendas precarias donde el hacinamiento y la falta de acceso a espacios privados al aire libre hacen que la educación y la recreación sean particularmente difíciles de llevar a cabo. La seguridad social y otras medidas tardaron en ponerse en marcha. En el futuro, los gobiernos deben garantizar que las medidas de apoyo lleguen a las personas cuando las necesiten.   

 

Los servicios de salud mental estaban saturados antes de la pandemia, los NNA nos han hecho saber que su salud mental se ha deteriorado en el último año. Aun así, el acceso al tratamiento se ha vuelto más difícil. La salud mental de los padres también se ha visto afectada, lo que supone un reto adicional para los jóvenes encargados de prestar cuidados. Los niños, niñas y adolescentes han demostrado una increíble capacidad de resiliencia en los últimos 15 meses. Ellos dominan las nuevas tecnologías y el aprendizaje autodirigido. Han señalado aspectos positivos, como más tiempo en familia y un aumento de la cohesión vecinal y comunitaria. Debemos evitar el lenguaje de la necesidad de “ponernos al día” a medida que vamos construyendo sobre estos puntos fuertes. A medida que salimos de la pandemia, está claro que un enfoque basado en los derechos es la única forma en que podemos recuperarnos realmente. El virus sumió al mundo en un periodo de oscuridad. A pesar de ello, se han producido incesantes destellos de luz. Uno de los aspectos positivos ha sido la determinación de los jóvenes defensores de los derechos humanos de seguir pidiendo cuentas a quienes toman las decisiones.  

 

 

Una parte central de la Agenda 2030 y del ODS n°16 es garantizar una toma de decisiones sensible, inclusiva, participativa y representativa en todos los niveles. La participación de niños, niñas y adolescentes es un valor fundamental nuestro y está en el centro de todo lo que hacemos. La pandemia nos obligó a cambiar nuestras prácticas de trabajo para garantizar que esto sigue siendo el caso. El Grupo de Jóvenes Consejeros de nuestra oficina siguió defendiendo los derechos humanos cuando pasamos a celebrar reuniones en línea. Esto supuso una mayor frecuencia de reuniones y facilitó la participación de los jóvenes que viven en zonas rurales o en regiones insulares.   

 

El cierre de los edificios escolares obligó a nuestra institución a idear nuevas formas de hablar con los niños, niñas y adolescentes para escuchar sus opiniones. Las sesiones de escucha digital fueron una oportunidad para comprometerse con ellos cuando Escocia volvió al confinamiento en enero. Nos comunicamos en línea con un grupo de jóvenes de diversas edades y con colegios ubicados en una amplia zona geográfica. Los jóvenes defensores de derechos humanos de nuestra organización participaron de manera destacada cuando prestaron declaración por videoconferencia ante la Comisión de Educación y Competencias del Parlamento escocés en marzo. Ellos hablaron del cierre de escuelas, la cancelación de exámenes, los problemas relacionados con las evaluaciones y la repercusión de la pandemia en la salud mental. También expresaron su frustración por el hecho de que las decisiones en torno a estas cuestiones se tomaran sin consultar ni escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Vimos con orgullo cómo otra joven defensora de derechos humanos, Hope, se dirigía al Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la pobreza, por videoconferencia desde su casa en Orkney, en las Islas del Norte de Escocia. Su contundente presentación instó a los gobernantes a incluir a los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones.   

 

A pesar de los retos de la COVID-19, me alegro de que Escocia haya podido avanzar en la consecución de una mejor protección jurídica de los derechos humanos. En marzo, tras décadas de campaña, el Parlamento escocés votó por unanimidad la incorporación de la CDN a la legislación escocesa. Necesitamos una ley nacional para hacer efectivas las obligaciones internacionales y el Estado ha sido reticente a hacerlo en el caso de los derechos humanos, especialmente en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales; esto es, por tanto, increíblemente emocionante. Los derechos de la infancia se verán contemplados en la ley y ellos y sus familias tendrán los conocimientos y las herramientas para luchar por sus derechos cuando el Gobierno no cumpla con ellos. Aquellas personas cuyos derechos se encuentran en un mayor peligro serán las más beneficiadas por esta incorporación. El trabajo duro y la campaña han tenido también una repercusión más amplia, ya que el Gobierno escocés se ha comprometido a promulgar leyes adicionales para incorporar el derecho a un medio ambiente sano y a tratados como la ICERD, el ICESCR, el CEDAW y la CPRD.  

 

La recuperación después del coronavirus será larga y difícil. Sin embargo, hay esperanza en Escocia. La incorporación de la CDN nos da una poderosa herramienta para abordar las desigualdades, concentrarnos en los derechos de la infancia y garantizar que el compromiso de Escocia con la Agenda 2030 en 2015 se tome en serio. También estamos siendo testigos de la nueva generación de defensores de derechos humanos que defienden los derechos de la infancia. Es nuestra responsabilidad amplificar sus voces y trabajar en su favor.  

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