Declaración de Buenos Aires “La mitad de los pobres son niños, la mitad de los niños son pobres”

28 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño

20 de noviembre 2017

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo y se ha convertido en la herramienta más importante para la garantía, la protección, la promoción, la prevención y la defensa de los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de los niños, niñas y adolescentes. Es acompañado y utilizado en conjunto con el resto de instrumentos internacionales que conforman el marco internacional de protección.

Este instrumento, si bien está dirigido a los Estados, es clave para todos los actores que trabajan desde sus diferentes mandatos, campos y niveles de actuación con las personas menores de edad en el mundo.

Hoy en día, la CDN es fortalecida por documentos de interpretación de su articulado y desarrollados en las Observaciones Generales, elaboradas por el Comité de los derechos del Niño[1], así como, a través de recomendaciones emanadas por dicho Comité y dirigidas a los Estados, ante sus informes de cumplimiento, las cuales son analizados en consonancia con las miradas de sociedad civil, agencias del sistema, oficinas de Ombudsman y más recientemente de los propios niños, niñas y adolescentes.

Sus veintiocho años de adopción por parte de los Estados Parte, representan una excelente oportunidad para recordar, reflexionar y para renovar los compromisos y revisar los retos que debemos enfrentar.

DNI Internacional desde el trabajo que realiza en América Latina y el Caribe, se suma con ilusión a esta celebración y aprovecha la ocasión para poner de manifiesto lo siguiente:

  • La región de América Latina jugó un papel fundamental en lograr – en la recta final hacia su adopción – años 1988 y 1989; haciendo esfuerzos de incidencia política y una movilización con más de 200 organizaciones latinoamericanas, logrando entre otros, la inclusión del artículo 6 sobre Supervivencia y Desarrollo y mejorar la redacción del artículo 8 sobre Preservación de la identidad.
  • Varios Estados de América Latina y el Caribe entre otros, estuvieron entre los primeros 20 Estados miembro que ratificaron la Convención, acción que posibilitó su entrada en vigencia en el año 1989.
  • En los primeros años de su implementación, se fortalecieron mecanismos de participación de la sociedad civil, los cuales fueron desarrollados al lado de los procesos de recuperación democrática en la región.
  • Los 90’s estuvieron centrados en la adecuación normativa de la Convención, que conllevó a un proceso de armonización de la legislación doméstica de los países, lo que favoreció la adopción, reforma y creación – en muchos de los países de la región – de Códigos de la Niñez y la Adolescencia, de Leyes de Justicia Penal Juvenil, entre otros.  A pesar de ello, el esfuerzo de visualizar un marco jurídico y político de garantía, respeto, protección y de cumplimiento estuvo opacado y fue contradicho con otro proceso que, en paralelo, se estaba gestando y adoptando por los Estados de la región. El Consenso de Washington por su lado, impulsaba la instauración del modelo neoliberal provocando inequidades sociales, el aumento de la pobreza y el deterioro en la calidad de vida de un número importante de la población de la región y, enriquecimiento de otra pequeña parte.
  • En los años siguientes, se crearon mecanismos de coordinación como lo son los Sistemas de Protección Integral, se desarrollaron de manera irregular planes de infancia y políticas que no han tenido la capacidad, la voluntad política requerida ni la inversión necesaria para atender la complejidad y el aumento de las formas de violencia hacia los niños, niñas y adolescente; el crimen organizado; la exclusión social, la migración masiva y la pobreza. Estos fenómenos son el resultado de causas estructurales, por los modelos imperantes y por la débil respuesta de la Protección Social y de las Políticas Públicas, entre otros.
  • Hoy en día, en el siglo XXI, somos testigos de graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en contra de las personas menores de edad que representan en promedio, la mitad de la población en la región. Sumado a ello, eventos significativos en la región han puesto en evidencia la fragilidad de las democracias y los vulnerables que se encuentran las poblaciones en general, tanto ante acciones provocadas por el hombre como por el impacto de los desastres naturales.
  • Los datos nos indican que, en América Latina, los sectores más pobres tienen un promedio de 4 años de escolaridad. En el caso de los sectores con mayores ingresos, un promedio de 10 años, que suele extenderse hasta los 20 años.[2]
  • Entre 2008 y 2015 la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas disminuyó en América Latina gracias a la prioridad que les dieron los países a los objetivos de desarrollo social, pero su ritmo de descenso se enlenteció entre 2012 y 2015 y los niveles actuales siguen siendo muy elevados para alcanzar el desarrollo sostenible, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). …”.[3]  Lo anterior pone en riesgo el cumplimiento de la Agenda 2030, lo que se requieren de esfuerzos mayores y atender los problemas estructurales.
  • En América Latina y el Caribe viven 195 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 69 millones están viviendo en la pobreza. El 5% del PIB está dedicado a la inversión pública en niños y niñas. 2 de cada 5 niños no tienen garantizados al menos uno de sus derechos[4].  Se refleja una importante brecha de inequidad y desigualdad entre zonas urbanas y rurales, y urbanas y urbano marginales.
  • La región refleja retos importantes en problemáticas tales como la violencia sexual, explotación y peores formas de trabajo infantil y adolescente, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, niños, niñas y adolescentes en contextos de migración, entre otros. De igual manera se ha visto un aumento de políticas de mano dura ante las movilizaciones sociales, endurecimiento de penas y la salida penal como reguladora de conflicto social.
  • La interlocución entre los Estados y la Sociedad Civil Organizada ha dado pasos importantes, aun así, la sociedad civil no es vista como un actor que participa de manera paritaria en la toma de decisiones, sino que sigue siendo un actor de consulta.
  • Se va evidenciado un aumento de los niveles visibilidad de la participación y organización de niños, niñas y adolescentes en sus familias, comunidades, escuelas e instituciones, sin embargo, prevalecen en los Estados y en la sociedad en general percepciones, actitudes contrarias al sentir de la Convención sobre los Derechos del Niño expresado a través de los artículos de participación y de su principio rector centrado en el artículo 12. El Derecho del Niño a ser escuchado.
  • Desde Defensa de Niñas y Niños – Internacional en América Latina y El Caribe, reafirmamos el compromiso de redoblar esfuerzos, de articular con los diferentes actores sociales, económicos, políticos, locales en la región para contribuir de esta manera a revertir las situaciones adversas y estructurales que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. En esa línea hemos priorizado centrar nuestros trabajos para los próximos años en cuatro ejes estratégicos adoptados en la reciente Asamblea General Internacional de DNI Internacional.
  1. Prevención y erradicación de toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes
  2. Niños, niñas y adolescentes en contextos de migración
  3. Niños, niñas y adolescentes víctimas del post-conflicto
  4. La conflictividad social y penal adolescente

Estos ejes están transversalizados por el enfoque de género y diversidad, por los principios de la Convención (no discriminación, supervivencia y de desarrollo, derecho a ser escuchado y el interés superior del niño). Así como el enfoque de exigibilidad y de protección integral.

De igual manera, nos alineamos y colaboraremos con otros esfuerzos globales, regionales, nacionales y locales, que se están impulsando y que coinciden con nuestros objetivos y nuestras prioridades estratégicas.

Invitamos a continuar utilizando la Convención sobre los Derechos del Niño como una herramienta fundamental y obligatoria para el trabajo a favor de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Para ello, queremos contribuir con la primera Tabla de Referencia sobre la Convención sobre los Derechos del Niño (clic aquí), que forma parte de una de recursos prácticos que DNI Internacional estará aportando al trabajo de todos en la región y a nivel global.

 

Para acceder a los vídeos preparados por nuestra Oficina Regional “Américas” haga clic aquí.