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Enfoque: Grupos de Trabajo

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Grupo de Trabajo I: Legislación, políticas y realidad – cómo proceder y avanzar en el interés superior de la niña y el niño?
Relatoras: Anna D. TOMASI, Responsable de Incidencia (DNI-SI) y Sara OVIEDO, miembro de CDN

El Grupo de Trabajo dio fe de la falta de coordinación y consistencia entre los sistemas penales juveniles y las políticas públicas de prevención, que a menudo permanecen separadas y divididas. El sistema, en su conjunto, debe ser mejorado y ofrecer mayor coordinación si quiere ser efectivo y eficiente. Parece darse un choque esencial entre paradigmas dentro del Estado: conservador vs. progresista.
Otro tema de preocupación conocido es el término “adolescentes” en contraposición a “niñas y niños”, por la confusión y categorización que genera, en contra del Artículo 1 de la Convención de CDN, que establece que “para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Los adolescentes, cuando no son estigmatizados, son ciudadanos “invisibles”, no tenidos en cuenta ni en las políticas ni en la legislación. Deben crearse las oportunidades para conducir a estas niñas y niños por una senda adecuada. El papel de los padres, las comunidades y la sociedad civil es vital en la protección de todos los niños, como también lo es la necesidad de crear oportunidades específicas para los niños en la franja de edad “adolescente”.

 

Grupo de Trabajo II: ¿Qué acciones deben acometerse para proteger y promover a los adolescentes víctimas de violencia institucional en Justicia Penal Juvenil?
Relatora: Rose Marie ACHA, Programa Regional de DNI para América Latina

El Grupo de Trabajo discutió características comunes que se dan en los estados de la región latinoamericana: corrupción, falta de programas y servicios. Se necesitan acciones prácticas sobre el terreno, en las que participen todos, no sólo el Estado o la sociedad civil, sino ambos en coordinación y en conjunta planificación. También se señaló la falta de mecanismos de denuncia independiente. Entre las recomendaciones y propuestas alcanzadas, destacan:
1. Facilitación de los procesos de denuncia
2. Organización abarcadora (que atienda los problemas e instale capacidades)
3. Programas permanentes de monitoreo y evaluación
4. Prevención de la tortura: ratificación de la CAT y el OPCAT de la ONU. Futuras acciones pueden incluir: estrategias de supervisión y evaluación, implementación de leyes, guías para jueces y formación especial sobre los Derechos del Niño.

Grupo de Trabajo III: Fase de implementación – la excepción hace la regla: Qué hacer con la privación y las sentencias no privativas
Relator: Marcos GUILLEN, DNI-Argentina y Jorge SÁNCHEZ, Terre des Hommes – Nicaragua

El Grupo de Trabajo comenzó por constatar la existencia de Códigos para niñas, niños y adolescentes en los distintos Estados de la región, un número de actores en el sistema de justicia trabajando de manera específica en el tema de los niños, la existencia de entidades sociales trabajando en la protección de los derechos del niño, así como procedimientos activos  y procesos institucionales para niñas, niños y adolescentes.
Con todo, también se señaló las carencias de la región, entre ellas: formación especializada para los actores del sistema judicial, un sistema que funcione como una organización estructurada, programas de reinserción para niñas y niños, programas de sensibilización así como la obligación de imponer medidas de supervisión y evaluación.
Finalmente, a modo de conclusión, se definieron acciones necesarias: cabildeo parlamentario para reforzar la legislación relativa a los derechos del niño y su cumplimiento, la prohibición de reducir la edad de responsabilidad penal, la recogida de datos a nivel nacional sobre los servicios y centros existentes, servicios especializados e interdisciplinares que traten a las niñas y niños, la promoción del enfoque basado en Derechos Humanos, visitas regulares y supervisión a los centros de detención juveniles, el trabajo y la coordinación con los medios de comunicación, la promoción de alternativas a la detención para cada uno de los casos, así como la promoción de encuentros regionales e intercambio de información.
Además, debe “humanizarse” el sistema en su conjunto, llevando a cabo acciones y medidas concretas de sensibilización y monitoreo, por ejemplo:
1. Reformas legales (armonizando estándares nacionales e internacionales)
2. Recursos para centros que trabajen con adolescentes (formación)
3. Medidas judiciales (que refuercen las oficinas de Derechos Humanos)

Grupo de Trabajo IV: La prevención de la violencia: ¿Cómo llevar a la práctica de manera efectiva las recomendaciones de la consulta de expertos?
Relatora: Diana FIORINI, Defensoría del Niño de San Isidro – Argentina

Un tema recurrente que preocupa al Grupo es la práctica extendida de la violencia institucional. Como documento de trabajo, el Grupo de Trabajo se sirvió del Informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños sobre prevención de la violencia contra los niños en el sistema de justicia juvenil y las medidas con las que responder a dicha violencia (A/HRC/21/25), en particular, las disposiciones referidas al establecimiento y refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas (puntos 97 a 100). El Grupo concluyó que deben establecerse mecanismos especializados e independientes que puedan verificar las rendiciones de cuentas. Estos mecanismos, además, deben ser descentralizados para facilitar el acceso. También se necesitan reformas políticas y legales, así como la participación de los niños. Se instó a la Ratificación de la Convención de la ONU contra la Tortura y su Protocolo Facultativo. La falta de recursos y la fragmentación del sistema fueron otros de los puntos tratados. También se discutió sobre el rol crucial que desempeñan los medios de comunicación en la “demonización” de la delincuencia juvenil.